La Resolución 75/2026 del Ministerio de Economía, que entró en vigencia el 8 de junio, introduce una modificación significativa al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI): elimina el requisito de monto mínimo de inversión para acceder a beneficios fiscales en la adquisición de sistemas y equipos de riego. La medida aplica específicamente a pivotes, bombas centrífugas y sumergibles, sistemas de goteo, compuertas, y también a mallas antigranizo y bienes semovientes.
Hasta ahora, el RIMI exigía que las inversiones en bienes productivos alcanzaran montos mínimos que variaban según el tipo de empresa (desde 150.000 dólares para microempresas hasta 9 millones para medianas empresas) en un plazo de dos años para acceder a beneficios como amortización acelerada en impuesto a ganancias y devolución de créditos de IVA. Con esta nueva resolución, esos requisitos desaparecen para el sector de riego.
En Argentina persiste una brecha importante en la eficiencia de los sistemas. El 70% del riego del país se realiza mediante escurrimiento superficial o gravitacional, un método que presenta una eficiencia promedio de apenas el 40%. Los sistemas presurizados —aspersión (21% del total) y goteo (9%)— son más eficientes, pero menos extendidos. La transición hacia sistemas presurizados requiere inversión en infraestructura, particularmente en tuberías de conducción. En Argentina, el tubo de PVC es el material más extendido en sistemas de riego presurizado, certificado bajo la norma IRAM 13351.
El PVC se ha posicionado como el material estándar para tuberías en sistemas de riego presurizado por características técnicas específicas. Su bajo coeficiente de fricción permite que el agua fluya con mayor facilidad, lo que reduce el esfuerzo de las bombas y genera ahorros en combustible o electricidad. Esta eficiencia hidráulica es particularmente relevante en contextos donde los costos operativos impactan directamente en la rentabilidad de la explotación. A su vez el tubo de PVC es un material mucho más rígido que otros plásticos alternativos. Soporta mejor las cargas verticales estáticas (como el peso del suelo al estar enterrado) sin sufrir deformaciones a largo plazo.
Otra razón de su prevalencia es la durabilidad. Las tuberías de PVC como los accesorios de conexión de PVC, tienen una vida útil que puede superar los 50 años sin necesidad de reemplazos, resistiendo la corrosión y la degradación química. Esto es importante en sistemas de fertirriego, donde se inyectan fertilizantes y fitosanitarios: el PVC no reacciona químicamente con estos productos, preservando la integridad del sistema y la calidad del agua que llega a los cultivos.
Desde el punto de vista operativo, el PVC presenta ventajas logísticas. Su bajo peso facilita el transporte y la instalación en el campo, reduciendo costos de flete y permitiendo que el sistema esté operativo antes de la temporada de siembra. Las uniones —ya sea por pegado o junta elástica— previenen fugas, lo que en contextos de escasez hídrica es un factor crítico. Además, el material absorbe mejor que otros las sobrepresiones repentinas causadas por arranques o paradas bruscas de las bombas, reduciendo el riesgo de roturas.
Consultado sobre el impacto de la nueva resolución, Miguel García, director de AAPVC (Asociación Argentina del PVC), señala que esta medida llega en el momento preciso. “La eliminación del piso de inversión democratiza realmente el acceso a tecnología de riego eficiente. Productores que antes no podían acceder a estos incentivos ahora pueden modernizar sus sistemas sin la presión de alcanzar montos mínimos. En el caso del PVC, esto es particularmente relevante porque permite que explotaciones pequeñas y medianas adopten tuberías de calidad certificada, lo que garantiza durabilidad y eficiencia a largo plazo”.
El especialista también destaca que la política se alinea con una necesidad urgente del sector. “Argentina pierde entre el 40% y el 50% del agua en sistemas de riego ineficientes. Cuando un productor invierte en tuberías de PVC de calidad, no solo reduce pérdidas hídricas, sino que también optimiza costos operativos. Con los beneficios fiscales del RIMI —amortización acelerada e IVA devuelto— el retorno de inversión se acelera significativamente”, agrega.
García también advierte sobre la importancia de elegir materiales certificados. “Es fundamental que los productores exijan tuberías de PVC con certificación IRAM. La diferencia de precio entre un tubo certificado y uno que no lo es puede ser mínima, pero la diferencia en rendimiento y durabilidad es abismal. Estamos hablando de sistemas que deben funcionar 50 años o más”, subraya.
La decisión llega en un contexto de crecimiento acelerado de la superficie irrigada en Argentina. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en los últimos dos años se incorporaron 63.400 hectáreas bajo riego, con inversiones privadas que superaron los USD185 millones. La superficie actual bajo riego alcanza los 2,16 millones de hectáreas, aunque expertos sugieren que Argentina podría triplicar esta cifra. El sector de riego representa el 80% del consumo de agua del país, lo que explica por qué cualquier política de incentivo en esta área tiene implicaciones significativas para la gestión hídrica nacional.
