El debate sobre la Ley de Tierras Rurales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública argentina. La norma rige en todo el territorio nacional. Para establecer un parámetro uniforme, toma como referencia la zona núcleo agrícola, fijando un límite de 1.000 hectáreas. A partir de esa base, se definieron equivalencias para las distintas regiones del país, de modo que cada zona se compara con la productividad de la zona núcleo.
El supuesto objetivo fue preservar la soberanía nacional y evitar la extranjerización de grandes extensiones, especialmente en regiones estratégicas.
El Poder Ejecutivo anunció que en los próximos días remitirá al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”. Entre las iniciativas figura la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo.
La norma fue derogada en diciembre de 2023 por el decreto 70 del presidente Javier Milei, aunque su aplicación quedó suspendida por una decisión judicial. Ahora, el debate se reabre en el ámbito legislativo, con expectativas en el sector agropecuario.
En este contexto, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, aportó su mirada sobre el mercado inmobiliario rural y el impacto que podría tener una eventual flexibilización de la normativa. “El debate sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa uno de los temores más arraigados del imaginario argentino: que los extranjeros vengan a comprarnos el campo. Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, señaló.
En el mercado inmobiliario rural, los operadores coinciden en que la actividad se mantiene dinámica, con fuerte presencia de inversores locales. Las operaciones recientes de grupos nacionales confirman que el empresariado argentino conserva capacidad y voluntad de invertir en tierra, incluso en un contexto de incertidumbre macroeconómica. “El 95% de las operaciones son realizadas por argentinos y apenas un 5% por extranjeros, que en general ya tenían algún vínculo previo con el país. No es que vinieron de la nada a comprar”, explicó Nordheimer.
Más allá de ese protagonismo local, especialistas advierten que la eventual flexibilización de la Ley de Tierras podría abrir un espacio genuino para el capital extranjero en proyectos de largo plazo y alta inversión. Se trata de iniciativas como el desarrollo de zonas con riego o la implantación de cultivos permanentes —pistachos, almendros, nogales— o forestales que requieren entre cinco y diez años hasta alcanzar la primera cosecha rentable. En esos segmentos, la Argentina cuenta con tierra y condiciones agroclimáticas favorables, pero enfrenta una limitación recurrente: la falta de capital paciente dispuesto a esperar retornos diferidos.
Nordheimer agregó: “Los extranjeros que llegan lo hacen con capital fresco y con la idea de obtener una renta. Muchas veces esperan un 3,5% anual, pero el campo argentino puede rendir más. Además, esas inversiones demandan mano de obra, técnicos, infraestructura y generan un círculo virtuoso que agranda la torta productiva. Eso nos puede llevar a dejar de ser meros exportadores de granos para pasar a exportar valor agregado”.
El financiamiento aparece como la principal traba para inversiones de este tipo. El riego y la implantación de cultivos permanentes requieren desembolsos significativos: entre 15.000 y 25.000 dólares por hectárea en el caso de pistachos o nogales, y entre 3.000 y 4.000 dólares por hectárea en forestales. Para un productor individual, esos montos resultan difíciles de afrontar, mientras que para fondos internacionales especializados en agronegocios representan una inversión manejable dentro de su cartera global.
Finalmente, Nordheimer subrayó que “los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos: se asocian con administradores y productores locales. No traen todo su equipo de afuera, sino que buscan alianzas con actores argentinos. Eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”.
